Usurpación de 25 viviendas en Río Tala: Apco tiene el contrato vigente, con "neutralización administrativa"
La empresa a cargo de la obra se retiró en octubre de 2023 y no volvió, a pesar de las intimaciones del Municipio. El Gobierno nacional nunca envió los recursos comprometidos para terminar la construcción.
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Las 25 viviendas tomadas en Río Tala a medio construir que fueron usurppadas por un grupo de familias que aseguran no tener dónde vivir corresponden a una de las obras que el Gobierno nacional dejó paralizadas en San Pedro a partir de su política de discontinuar la obra pública en todo el país.
El contrato estaba en manos de la empresa Apco S. A., que tenía un presupuesto original de 142,5 millones de pesos para la edificación de esas unidades habitacionales bajo la modalidad de construcción en seco conocida como concrehaus.
La adjudicación y correspondiente firma de contrato datan de junio de 2022. El convenio se firmó ente Apco y el Municipio, que afrontaría la obra con recursos del Ministerio de Hábitat de la Nación, tras un acuerdo con el Gobierno nacional bajo la gestión de Alberto Fernández.
Aunque el plazo de obra era de un año, la construcción fue paralizada en el porcentaje que se aprecia en el barrio en octubre de 2023, luego de que Javier Milei ganara las elecciones.
La empresa quería una redeterminación de precios por el proceso inflacionario y esperaba el cambio de gestión. En diciembre de 2025, el entonces secretario de Obras Públicas Javier Silva informó que la obra estaba “en un 65 por ciento”.
Las viviendas tienen las paredes y el techo; algunas tienen caños de agua y de gas; había aberturas, pero se las llevaron.
Además, los vecinos dicen que hubo otros materiales que también la empresa retiró y algunos hasta se los habría llevado la Municipalidad, refirieron.
Desde octubre de 2023 pasaron muchas cosas. Por un lado, la Municipalidad intimó a Apco S. A. a retomar las tareas abandonadas, sin respuesta alguna. Por el otro, la decisión del presidente Milei de no continuar con la obra pública en marcha.
El contrato con Apco sigue vigente, pero con "neutralización administrativa". Aunque hay dos solicitudes de rescisión por mutuo acuerdo, nunca avanzaron en esos términos porque implicaría deslindar responsabilidades a la empresa.
El Gobierno nacional no volvió a enviar recursos para la continuidad de la obra. En el presupuesto 2024, la Municipalidad incluyó alrededor de 101,7 millones de pesos que restaban transferir desde el Ministerio de Hábitat para las 25 viviendas. Pero nunca llegaron.
Una serie de robos y hechos vandálicos despertaron la alerta respecto del riesgo de usurpación. El jueves pasado, finalmente, la advertencia se cumplió: alrededor de 60 personas ingresaron al predio y tomaron las 25 viviendas, e incluso delimitaron porciones del terreno para construir habitaciones precarias.
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