Tiroteos, denuncias y causas archivadas: el trasfondo de los asesinatos de Agustín Pereyra y Lautaro Carlevaris
Hay denuncias que se remontan a 2018. La mayoría de las veces, los acusados son los mismos, pero en ningún caso hubo medidas efectivas por parte de la Justicia o los organismos de Niñez.
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El padre de Lautaro y Kevin Carlevaris lamentó ante La Opinión la "mala junta" y los problemas de adicciones de sus hijos, uno asesinado el año pasado y el otro prófugo acusado de matar a quien dicen era el autor de aquel crimen, Agustín Pereyra.
Pero además de la "mala junta", las adicciones a las drogas y la cotidinaeidad delictiva en barrios donde todos los conflictos, del tenor que sean, se dirimen a los tiros, hay un trasfondo de múltiples denuncias, causas archivadas, insuficiente intervención de los organismos de Niñez e impunidad.
Cuando Cristian Carlevaris se acercó a la redacción de La Opinión tenía una bolsita con papeles. Algunos amarillentos y arrugados. Eran denuncias y notificaciones judiciales. Sin contar las relacionadas con el asesinato de Lautaro suman más de 70 páginas.
Las denuncias fueron radicadas por diferentes miembros de la familia Carlevaris. Apuntan, casi siempre, a los mismos nombres y por las mismas situaciones: amenazas, disparos de armas de fuego sobre sus viviendas e incluso sobre ellos mismos.
Hay denuncias que se remontan a 2018, 2020, 2021.
Las primeras son contra integrantes de una reconocida familia del barrio Malvinas. Luego empiezan las que señalan a Marcelo "Rengo" Candiotti, sus hijos y los amigos, muchos de ellos todavía menores de edad.
En febrero de 2024, Iara Carlevaris, hermana de Lautaro y Kevin, recibió tres disparos: uno en la mano, otro en la espalda y un tercero en el cuello. Era de madrugada. Por el caso fue detenido Iván Cáceres, acusado junto a dos cómplices que se dieron a la fuga. "Quedó en libertad enseguida", contaron desde la familia.
A fines de mayo, Brisa Ailén, otra hermana, también fue baleada. El tiro le dio en la mano porque se cubrió. "En las cámaras se cómo tira a la cabeza", dijo en ese momento. Fue un jueves por la noche. Tres días después, dos jóvenes en moto gritaron el nombre de su hermano Lautaro frente a su casa y descerrajaron dos disparos.
Muchas de las causas fueron a para al fuero de responsabilidad penal juvenil porque los denunciados eran y todavía son menores de edad. En cada oportunidad, la Fiscalía de menores decidió no adoptar medidas de contención suficientes.
Una de las resoluciones de la Justicia de Menores dice que la causa pasó a archivo por "aplicación de los principios de última ratio y mínima intervención estatal" en casos que involucran a "niños inimputables".
En algunos casos hubo intervenciones de asistentes sociales y psicólogos de la Defensoría General para evaluar "salud física y psíquica del niño", en alusión a imputados por hechos de abuso de armas.
En cada uno, además, la Justicia de Menores advierte que los "organismos del Estado" que correspondan, como el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, deben intervenir para que los imputados "internalicen lo disvalioso de su accionar" y comprendan que lo que hacen "vulnera los derechos de terceros y afecta su propia vida".
Hubo allanamientos, armas secuestradas, denuncias cruzadas, indicios firmes de comercialización de estupefacientes con menores como responsables del delivery, testimonios fehacientes de vecinos y hasta de efectivos policiales que señalan con nombre y apellido a los menores involucrados, y hasta el secuestro de tres armas de fuego en poder de uno de ellos.
En esa causa, que todavía está en trámite, la defensoría del menor pidió sobreseimiento o suspensión de juicio a prueba, pero el juez interviniente resolvió denegarlo. El adolescente en cuestión está imputado de "abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas".
Los menores involucrados en estos conflictos crecieron. La mayoría siguió en la misma senda delictiva y de adicciones. Algunos ya son mayores de edad y otros, todavía no.
Lautaro Carlevaris tenía 19 años cuando lo mataron. Su hermano Kevin, prófugo por homicidio, cumplió 18 hace seis meses. Está acusado de matar a Agustín Pereyra, que tenía 26.
El único que recibió una medida efectiva de "resocialización" es el condenado por la muerte de Lautaro, que ahora tiene 18 años y cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva en un centro de contención juvenil, donde permanece alojado tras la denegatoria judicial al arresto domiciliario que solicitó su defensa.
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