Tasa de cartelería: última prórroga para Tipsa, que ya no podrá cobrar a comercios locales
El Gobierno pidió al Concejo que convalide la extensión del contrato, prórroga que vence el 31 de diciembre. En comisión, Borgo les dijo a los ediles que será la última. En 2025 no cobrarán el derecho de publicidad y propaganda a los comercios sampedrinos ni a aquellos que no ocupen espacio público.
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Con la mala costumbre de enviar los expedientes extemporáneos, el Gobierno pidió al Concejo Deliberante que apruebe una nueva prórroga con la empresa Tipsa, que tiene a su cargo el cobro el derecho de publicidad y propaganda y el canon de antenas.
El expediente ingresó formalmente el lunes y ese mismo día, en reunión de comisión, el secretario de Economía, Roberto Borgo, les dijo a los concejales que esta extensión es la última.
El intendente y el representantes de Tercerización de Ingresos Públicos S. A. firmaron en noviembre una prórroga del contrato vencido en diciembre del año pasado con plazo hasta el 31 de este mes. Las fechas fueron objeto de quejas, una vez más, de la oposición.
En comisión, Borgo les dijo que el retraso obedecía a gestiones relacionadas con el canon por soporte de antenas ante las empresas telefónicas, que tienen un retraso de ejercicios anteriores.
El funcionario confirmó a La Opinión que esta prórroga será la última con Tipsa: "A partir del año que viene nosotros no vamos a hacer ningún convenio, así que seguramente vamos a determinar nosotros y la empresa habrá agotado su instancia".
Conocida como "tasa de cartelería", la tarea de Tipsa consiste en medir los carteles de publicidad que se exponen en la ciudad para cobrarles a las marcas por metro. Del total percibido, su comisión es del 22 por ciento.
Para 2025, el Gobierno decidió dejar de cobrarles ese derecho a los comerciantes locales, que podrán instalar los carteles con sus negocios y marcas sin necesidad de tener que abonar este gravamen.
Además, la ordenanza impositiva para el año que viene establece que se eliminarán diversos tipos de carteles de la nómina de alcanzados por el tributo, de manera tal que sólo paguen cuando excedan la línea municipal y ocupen espacio público.
El incremento de este derecho será del 100 por ciento para el ejercicio que viene, pero el Gobierno reconoce en los proyectos del Presupuesto 2025 las dificultades que comportó este sistema, que llegó a la ciudad en el año 2010.
Desde su implementación, tuvo dificultades. Sobre todo porque las grandes marcas tienden a interponer recursos administrativos y judiciales que dilatan el cobro del canon, lo que reduce significativamente el porcentaje de cumplimiento cada año.
El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces se firmaron sucesivas prórrogas que luego fueron convalidadas por el Concejo Deliberante, generalmente por las mayorías oficialistas y con cuestionamientos de la oposición, que plasmó en proyectos propios lo que ahora el Gobierno lleva a votación en las Fiscal e Impositiva 2025.
En el caso de los comercios locales, muchos sacaron los carteles para evitar que les cobren este gravamen. Ponerle fin al tributo puede contribuir, entonces, a mejorar el aspecto de la ciudad, que en muchos casos quedó desprolijo al tener las estructuras vacías.
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