Rechazaron la excarcelación de Cabaleyro y Espíndola: seguirán presos y los trasladan al penal
La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui denegó el pedido de excarcelación que hizo el abogado Mauricio Gugger, que patrocina a los sindicalistas detenidos por "extorsión y coacción" en una causa que investiga el presunto pedido de coimas a la empresa Rey Distribución. La Justicia consideró inadmisible la liberación de ambos porque entiende que podrían entorpecer el devenir de la causa. Viviani tiene ahora entre 15 y 30 días para pedir la prisión preventiva. Mientras tanto, Cabaleyro y Espíndola deberán ser alojados en una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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El Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui, rechazó este miércoles la solicitud de excarcelación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos el viernes en el marco de la causa por “extorsión y coacción” que investiga la Justicia luego de la denuncia de la empresa Rey Distribución que los acuso de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.
El abogado que patrocina a ambos dirigentes sindicales pidió la excarcelación luego de que el domingo prestaran declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani, instancia de defensa que se cumplió en la sede de la Fiscalía Nº 7 con presencia de Camioneros, en cuyo marco el dirigente Julio Cabaleyro agredió, insultó y amenazó a periodistas de La Opinión & Sin Galera.
Maiztegui rechazó la excarcelación por considerar inadmisible que estén libres en esta etapa puesto que podrían entorpecer el devenir de la causa y ordenó que Cabaleyro y Espíndola sean trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás o bien a Campana o Junín, en caso de que no haya cupo en la penitenciaría nicoleña.
La jueza estimó que existen “sobrados motivos” para mantenerlos presos con el objetivo de “asegurar el desarollo” del proceso. La fiscala Viviani tiene ahora entre 15 y 30 días para reunir elementos probatorios que le permitan pedir la prisión preventiva de los sindicalistas, que implicaría, según el Código Procesal Penal bonaerense, al menos unos ocho meses de cárcel mientras se llega al juicio.
Para Maiztegui hay “peligrosidad procesal” acreditada, puesto que la “magnitud de la pena en expectativa” por los delitos de los que están acusados así lo establecen. Además, la jueza ponderó el tipo de delito, las circunstancias en las que fueron cometidos los hechos por los que están imputados y el poco tiempo que llevan detenidos.
La magistrada sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, puesto que entiende que Cabaleyro y Espíndola podrían “influenciar loas testigos que deben declarar” y así frustrar la finalidad del proceso.
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