Rainbowex: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan
Cuando se cumplen los ocho meses de prisión preventiva previstos por ley, los abogados defensores piden morigeración de las condiciones de detención para los tres imputados que siguen alojados en la cárcel mientras avanza el proceso de la causa.
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Los abogados defensores de los tres detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida como "La China", confirmaron a La Opinión el pedido de arresto domiciliario para sus defendidos.
Mauricio Gugger, que representa a Braga, y Paulo Cordara, abogado de Pardo (Pan tiene desde principios de año a Lima como partrocinante) solicitan la medida camino a cumplirse los ocho meses desde que les dictaron la prisión preventiva, plazo previsto por ley.
Gugger informó que solicitó una "morigeración de las condiciones de detención". Cordara, por su parte, indicó que hará la presentación el miércoles. Aguardarán la decisión del juez de Garantías Román Parodi respecto del planteo.
A su vez, los abogados analizan la alternativa de cuestionar la permanencia de la figura de prisión preventiva, puesto que es una posibilidad que da el Código de Procedimiento Penal bonaerense a los ocho meses de dictada la resolución.
El Código prevé que durante esos ocho meses en los que un procesado está detenido preventivamente Fiscalía debe reunir los elementos necesarios para solicitar la elevación a juicio de la causa. Si no sucede, pueden hacer un planteo de excarcelación.
En el caso Rainbowex, la complejidad de la causa, la cantidad de denunciantes y la extensión en páginas del expediente hace prever que las demoras para llegar al juicio serán mayores que en otras investigaciones penales preparatorias.
Por eso, acaso, los abogados defensores comenzaron sus planteos con pedidos de morigeración de las condiciones de detención, para que la Justicia analice la posibilidad de que los acusados continúen detenidos mientras avanza el proceso hacia el juicio, pero en sus casas.
A Pardo, Braga y Pan les confirmaron la prisión preventiva a fines de enero, por lo que esos ocho meses se cumplirán a fines de septiembre, oportunidad en la que los defensores podrán avanzar, si así lo deciden, en planteos de excarcelación.
Mientras tanto, adelantaron los pasos con la solicitud de arresto domiciliario que el Juzgado deberá resolver atento a las consideraciones que pueda hacer respecto de la situación de cada uno de los detenidos.
A fines de febrero, la Justicia había rechazado un pedidio de prisión domiciliaria para ellos.
Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados en la causa. Del total, 14 son sampedrinos, entre ellos Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo y Maximiliano Diez, quienes habían sido detenidos a mediados de diciembre y liberados a fines de enero, tras la audiencia de prisión preventiva.
Además, están imputadas dos personas de San Antonio de Areco relacionadas a una casa de cambios y dos ciudadanos malayos que tenían pedido de captura internacional y que fueron identificados como los que contrataron los servicios para la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires que le dio gran visibilidad a la plataforma.
La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, con colaboración de la fiscala de San Nicolás Verónica Marcantonio y el equipo de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto.
Aunque en la plataforma había en total alrededor de 20 mil "inversores", de los cuales entre 12 mil y 15 mil serían sampedrinos, las denuncias sobre las que trabaja la Justicia apenas llegan a las 60.
Esos denunciantes son los que, eventualmente, recibirán la devolución del dinero que depositaron en la plataforma tras considerar que iban a "invertir en criptomonedas".
La causa logró congelar 3,5 millones de USDT, moneda virtual de cotización similar al dólar, a lo que accedió la empresa Theter, un congelamiento de activos virtuales inédito en una causa de estas características.
Al final de la causa, ese dinero podría ser el que la Justicia devuelva a los inversores que se consideraron estafados y radicaron la denuncia penal que permitió la investigación por estafas reiteradas.
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