Procesaron a los Solmi y a sus contadores por lavado de activos
En abril del año pasado hubo allanamientos en la sede de la empresa y en el estudio contable. La Justicia investiga la contratación de compañías "fantasma" por los gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta para servicios de limpieza antigrafiti a través de adjudicaciones direccionadas y con sobreprecios, cuyo dinero fue volcado al mercaro bursátil.
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Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi fueron procesados por la Justicia junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano —además de otras seis personas con domicilio en Buenos Aires— en el marco de una causa por lavado de activos que denunció Afip y que contó con la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Por esa causa, en abril del año pasado allanaron diversos domicilios vinculados a la familia Solmi junto a agentes de la Afip para secuestrar una gran cantidad de documentación vinculada a la investigación.
En ese marco, también allanaron el estudio contable de Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano, procedimiento que valió el repudio de sus colegas por el secuestro de "herramientas de trabajo" como computadoras y celulares, "en el marco de un allanamiento de un cliente".
La investigación comenzó en 2017, a cargo del fiscal federal de San Nicolás, Matías di Lello. Luego, quedó en manos del juez Sebastián Casanello, en Comodoro Py, quien ordenó imputar y tomar declaración indagatoria a los acusados, a quienes ahora procesó.
La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA en el marco de un entramado de "corrupción, lavado de activos y evasión fiscal" que implicaba la contratación de compañías "fantamsa" a través de adjudicaciones directas y con presuntos sobreprecios por parte del Gobierno porteño durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre 2013 y 2018.
Se trata de las contrataciones para servicios de limpieza y antigrafiti que los Solmi efectivamente brindaron y hasta difundieron con orgullo empresarial a nivel nacional y local. La causa indica que los prestaron a través de esas "empresas fantasma", que facturaron más de 49 millones de pesos.
La investigación considera que ese dinero habría sido cobrado a través de "contratos irregulares" y luego fue a parar a "diversas transacciones financieras de inversión bursátil", constituyendo así la presunta puesta en circulación formal del "producto de la posible actividad ilícita".
En el expediente, además de la documentación secuestrada, hay escuchas telefónicas en las que Víctor Solmi mantenía contacto con funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires y del Ministerio de Educación porteño en los que aparecerían diálogos vinculados al presunto direccionamiento de las adjudicaciones vía "urgencia" o "especialidad" como camino para sortear los procesos licitatorios.
Los procesados en la causa son, además de los tres Solmi y los contadores del estudio sampedrino: Andrés, Pablo y Alejandro Servente, José María Cambón, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti.
El juez Casanello dispuso embargos por alrededor de 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los procesados, que en sus declaraciones indagatorias negaron los cargos de los que están acusados.
Todos apelaron la resolución judicial y ahora se espera que la Cámara analice el expediente y los elementos probatorios obrantes para decidir si confirma o revoca el procesamiento.
Además de los procesados, la resolución de Casanello dictó falta de mérito para tres de los que inicialmente estaban involucrados en el caso.
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