Pensiones por Discapacidad: la presión sobre los beneficiarios que deben viajar para que ANDIS los certifique
Las personas con discapacidad son citadas por carta documento; a veces viajan kilómetros y deben presentar nuevas historias clíncas ante personal que dice pertenecera a empresas tercerizadas por el organismo y en colaboración con el PAMI. Las historias de pacientes psiquiátricos o con movilidad reducida que temen por la continuidad de sus tratamientos.
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Como cada vez que se piensa desde un despacho de funcionarios que desconocen las consecuencias de ciertas decisiones, miles de personas con problemas de salud mental o física que cobran sus pensiones por discapacidad y no han sido parte de engaños o abusos, reciben notificaciones para que personal al que desconocen certifique si son o no merecedores del dinero que se destina a sus tratamientos o sustento.
El sábado 17 de mayo, en medio del temporal, muchos de los citados llegaron a los consultorios Beaumont de la ciudad de San Pedro bajo el temporal cuyas consecuencias terminaron con el corte de la ruta 9 a la altura de Alsina. Viajaron más de 20 o 30 kilómetros en remises o vehículos de familiares para llegar al “monitoreo” que empleados de la empresa que rentó el lugar para certificar el motivo que dio lugar al beneficio.
“Mira, casos como este, realmente uno dice, no sé qué puede llegar a pasar si le cortan las cosas así, y desde ya que esté una semana llorando sin dormir porque estuvo así, este chico”, dijo el médico psiquiatra que atiende a un paciente que pidió dinero prestado para pagar un remise y no pudo tolerar “la presión que le produjo la incertidumbre de no saber si podrá continuar su tratamiento". El detalle: tiene 69 años y fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era apenas un adolescente.
La misma situación vivió un matrimonio septuagenario que arribó bajo la lluvia con una paciente con movilidad asistida tras haber sido sometida a cinco operacones de columna. Otra carta documento le llegó a una niña que padece parálisis cerebral y posee toda su documentación e historia clínica en distintos hospitales de la Provincia a los que debe recurrir para reunir la documentación que le exigen.
Las historias a las que accedió este medio son complicadas y ninguna de ellas justifica el dispendio de recursos públicos para auditorías que pretenden terminar con todas las pensiones mal adjudicadas por sucesivos gobiernos. Hay que tener en cuenta que quien haya tomado esa decisión desconoce la geografía y las realidades que anidan en cada rincón del país. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, hay pequeños pueblos que apenas cuentan con un centro de salud o un hospital municipal donde conseguir turnos para los trámites y requisitos que piden implican esfuerzos inhumanos para quien presenta algún tipo de discapacidad.
“A la madre cualquier trámite, cualquier papel, la desborda, es un problema enorme, imagínate esto, fue una tragedia”, relató el profesional que atiende a un paciente que está medicado y tiene como obra social “Incluir Salud”, la que reemplazó a Profe y no funciona ni para recibir los fármacos que necesita.
Los pacientes que asistieron aquel día de tormentas e inundación, regresaron a sus hogares y se preparan para concurrir a una nueva citación. La empresa que fue contratada para la tarea en todo el corredor del norte bonaerense no aparece y las autoridades del PAMI y Anses que son las que deben recibier las consultras dicen que “no están autorizadas a hablar”.
Esa es la realidad que comprende a muchas familias. “Son personas que no pueden manejar este tipo de presión. El Ministerio de Salud no puede ignorar estas situaciones. La incompetencia, de ser el caso, no es excusa tampoco”, refirieron respecto a las responsabilidades de municipios y provincia ya que las auditorías han sido ordenadas por el gobierno nacional.
Este medio consultó a una de las propietarias del edificio de los consultorios que fueron rentados para llevar a cabo el operativo que se desarrollará durante varios sábados hasta mediados de junio. La única información es que rentaron el lugar y que no tienen relación con las citaciones ni con el personal que atenderá a los pacientes.
También este medio logró acceder a las planillas que deberán llenar los administrativos o profesionales que recibirán a los beneficiarios. En ellas deben consignar qué estudios trajeron para justificar el “beneficio de la pensión” y deben agregar los antecedentes para determinar si el beneficiario puede seguir percibiendo sus haberes.
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