Para la Guardia Urbana, pasan a dominio municipal cinco motos secuestradas en operativos de tránsito
Son dos de 200 cc, dos de 150 cc y una 125 cc. Todas fueron incautadas en 2024 en el marco de operativos de control vehicular. Los titulares pueden impedir que pasen a la órbita municipal presentándose en el Juzgado de Faltas.
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El Gobierno municipal dispuso pasar al dominio del Estado local cinco motocicletas de mediana cilindrada que fueron secuestradas en el marco de operativos de tránsito para afectarlas a la denominada Guardia Urbana que había propuesto Carlos Farré cuando asumió como secretario de Seguridad en enero.
El Municipio había destinado 48 millones de pesos para comprar seis motos Honda o Yamaha 250, que tenían una serie de requerimientos técnicos específicos y para lo que llamaron a licitación.
Aunque hubo dos provedores que se inscribieron y compraron los pliegos, finalmente no presentaron propuesta y la licitación quedó desierta.
Desde el Gobierno confirmaron a La Opinión que “no se procedió a segundo llamado por cuestiones de fondos” y que, en ese marco, decidieron buscar entre las motos secuestradas que están en condiciones de pasar a dominio público las que encajan en los requerimientos para la guardia urbana.
Son cinco rodados de entre 12 y 200 cc que el personal de la Dirección de Tránsito incautó en diversos operativos y que cumplieron el plazo de ley sin que nadie las vaya a retirar, lo que permite que sean compactadas o que pasen a la órbita municipal.
El Gobierno publicó un edicto para dar aviso respecto de esas motos, que están en condiciones de ser afectadas al uso municipal porque están en buen estado y en condiciones de rodar, aunque hay que hacerles mantenimiento.
Son una Yamaha FZ16, patente 961 GIB que fue secuestrada el 19 de abril de 2024; una Brava 200 dominio A056BRZ, incautada en abril del año pasado.
Una Guerrero GXR200, 850 KUC, retenida en septiembre 2024; una Gilerca VC 150, A101NXO, del 11 de diciembre; y una Jianhse JS125, dominio 302LLW, secuestrada el 29 de diciembre de 2024.
Los titulares de esas motos tienen 15 días para oponerse a la decisión municipal de afectarlas al uso público. Para hacer valer sus derechos sobre los vehículos deben presentarse en el Juzgado de Faltas.
Allí podrán tramitar la restitución, previa presentación de la documentación que acredite la propiedad y el pago de multas, derechos de oficina, acarreo y estadía más accesorios y honorarios.
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