Los concejales de Milei proponen prohibir el ingreso de personal al Municipio por 4 años
Joaquín González y Melina Panatteri elevaron el proyecto al Concejo. "Es una obligación política y moral poner límites al crecimiento del Estado", aseguraron. Un análisis del expediente y sus posibilidades reales de concreción.
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Los concejales que representan al Gobierno nacional de Javier Milei en San Pedro proponen prohibir al Municipio la contratación de trabajadores de cualquier tipo por cuatro años.
Los ediles Joaquín González y Melina Panatteri, del bloque Alianza La Libertad Avanza, elevaron el expediente para que sea debatido en las comisiones pertinentes cuando le den ingreso formal, lo que podría ocurrir en alguna sesión extraordinaria durante el verano o bien después del 1 de marzo.
El plan es establecer la prohibición de incorporar personal permanente, temporario, jornalizado o contratado a través de locación de servicios o programas especiales, con excepción de profesionales de la salud "cuando resulten estrictamente necesarios".
Aun así, el proyecto de ordenanza tiene un artículo que, así como está redactado, habilitaría al Ejecutivo a contratar de todas maneras cualquier tipo de trabajador, aunque podrá mejorarse la técnica legislativa para que quede claro que acaso se refiere al artículo anterior, que se extiende sobre los médicos, exceptuados de la prohibición. Bastaría con un “las excepciones a las que refiere el artículo 2”.
El apartado habla de la posibilidad de “excepciones” que estén "debidamente fundadas, con informe previo y expreso de impacto presupuestario, suscripto por el área competente" del Ejecutivo, lo que coincide con la modalidad habitual que tienen los expedientes de contratación.
Toda incorporación de personal se produce con un expediente que justifica la necesidad de contratación y proviene desde el área correspondiente. Otra opción de mejora de la redacción del proyecto podría ser aclarar en el artículo que esa "excepción" que dejan abierta debería pasar por el Concejo, para que ese cuerpo sea el que controle el cumplimiento de la ordenanza en todos sus términos.
En el proyecto señalan que la propuesta "no afectará derechos adquiridos", lo que implica ni más ni menos que respetar la legislación vigente en la materia, una aclaración que puede ser pertinente en los considerandos pero que también aparece en el articulado.
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Además, indican que el Gobierno deberá remitir anualmente un informe detallado sobre la evolución del gasto en personal, el ahorro generado por la ordenanza y el cumplimiento de objetivos de equilibrio fiscal y austeridad, lo que, después de todo, se hace cada año en la Rendición de Cuentas, aunque nunca está de más el detalle.
Uno de los artículos dice que el Gobierno deberá "priorizar la optimización del personal existente, la reorganización de funciones, la modernización administrativa y la mejora en la eficiencia del gasto" para llevar adelante la gestión sin incorporar personal, una obligación que en los 10 años que lleva Cecilio Salazar como intendente se cumplió en mayor o menor medida y cada tanto, según la coyuntura.
La propuesta de no sumar agentes por cuatro años afectaría no sólo a la administración Salazar sino a la que lo suceda, puesto que, de aprobarse, abarcaría los dos últimos años del actual Gobierno y los dos primeros del siguiente, lo que implica dificultades para el abordaje de una planficación integral.
Además, al no permitir el ingreso a planta permanente pondría en situación de riesgo a los más de 160 temporarios que, según establece la ley, deben ser cesados o estabilizados al año, aunque no siempre el Municipio cumple con ello.
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González y Panatteri consideraron "una obligación política y moral" del Concejo "poner límites claros al crecimiento del Estado". Aseguraron que contratar personal "genera compromisos de gasto permanente que trascienden los mandatos" y pone en riesgo "futuras gestiones municipales".
"Gobernar con responsabilidad implica priorizar el orden de las cuentas públicas, el equilibrio presupuestario y la asignación racional de los recursos antes que el uso del empleo público como herramienta coyuntural y política", consideraron.
En ese marco, señalaron que "la libertad económica, el desarrollo local y la generación de empleo genuino se producen en el sector privado y no en la expansión ilimitada de la estructura estatal".
"Los vecinos de San Pedro merecen una gestión austera, eficiente y transparente", sostuvieron Joaquín González y Melina Panatteri en el proyecto de ordenanza, el primero que presentan desde que asumieron como concejales.
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La masa salarial municipal actual, entre empleados de planta, carrera médica, funcionarios y concejales, alcanza los 1728 millones de pesos, según reveló La Opinión este martes, cuando el Gobierno confirmó que logró obtener los recursos para pagar.
En el Presupuesto 2026 están consignados 1006 trabajadores de planta permanente, 164 temporarios, 58 médicos de reemplazo y ocho guardavidas. En total son 1236 empleados municipales.
Además, hay que tener en cuenta al personal que trabaja vía contrato de locación de servicios y a los que están por "decreto de ayuda social con contraprestación de tareas", que cobran con fondos provinciales específicos.
El cálculo de recursos y gastos da cuentas de la problemática relacionada con la masa salarial sobre la que de alguna manera apunta el proyecto de los concejales libertarios: la mayoría de las áreas municipales sólo tiene asignación de recursos para pagar sueldos.
Como bien señalan Panatteri y González en el expediente, la problemática del personal municipal "no es nueva ni coyuntural" sino "estructural". En ese marco, el proyecto pone el tema nuevamente en debate.
Si en la comisión hay voluntad, puede servir para un análisis serio entre Ejecutivo y Concejo para abordar una situación que, aun cuando este proyecto sea de difícil concreción, amerita un sinceramiento.
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