Lo que nos dejó el 2024: las amenazas de bomba, la suspensión de clases y la justicia lenta
Bancos, el cuartel de Bomberos, la Biblioteca Popular, escuelas públicas y privadas, la Municipalidad e incluso el Registro Civil. Muchas fueron las instituciones perjudicadas por los falsos mensajes. Hubo allanamientos pero nunca dieron con los responsables.
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Una de los enigmas que nadie pudo resolver a lo largo de este año fue la investigación que se hizo alrededor de las amenazas de bombas y la búsqueda de sus autores.
A pesar de que los establecimientos afectados fueron tanto públicos como del sector privado, el foco de las amenazas estuvo puesto en las instituciones educativas que perdieron muchos días de clases.
Primero los mails llegaron a la Escuela Normal, luego a la escuela 1 y después al Industrial; también la del Socorro, la San Francisco de Asís, la 6, el jardín 901, la escuela especial 502, la 7, la 48 de Los Aromos e incluso, la Agraria de Río Tala.
A raíz de la cantidad de amenazas, la Brigada Antiexplosivos de San Nicolás recorrió las diversas escuelas y siguió la pista a través de diversos mails que eran enviados desde la supuesta organización criminal y que eran firmados al nombre de "Al Qaeda".
El remitente, un joven menor de edad que se desempeñaba como presidente del Centro de Estudiantes de la escuela Normal, recibió diversos correos en donde se escribían amenazas a él y al equipo directivo de la institución.
Como resultado, la causa terminó siendo derivada a la Justicia Federal que rápidamente ordenó incautar un dispositivo en la escuela Normal para analizar la recepción de los e-mails con las amenazas y requisar instituciones educativas, bancos, la Municipalidad, el Registro Civil, la Biblioteca Popular y otras dependencias.
Luego de largas semanas sin novedades, familias de estudiantes de la escuela Normal exigieron a las autoridades respuestas sobre la situación que les tocaba vivir, prácticamente, a diario.
Y a vos, ¿te afectaron las amenazas de bomba?
¡Dejanos tu mensaje!Es así que durante el mes de mayo, personal de la Policía Federal allanó un domicilio en calle Uruguay al 2000 y otro en Gomendio al 3000 en busca de elementos de interés para la causa.
A pesar de las investigaciones, en este fin de año no se conocieron novedades en la causa penal que tramita el fuero Federal.
El caso es investigado bajo la carátula de “intimidación pública”, un delito para el que el Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión.
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