Llegó segunda orden de desalojo para el asentamiento del callejón Pascual, que ya está libre de ocupantes
En octubre habían desalojado la mitad, correspondiente a la parcela 728, y este martes Policía y Fiscalía hacían lo propio con la 729, aunque en el predio ya no hay viviendas erigidas y sólo quedan escombros, palos, basura y maleza.
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Cuando Fiscalía procedió en octubre del año pasado a desalojar la mitad del asentamiento conocido como “del callejón Pascual”, ubicado en la continuidad simbólica de calle Zanúccoli, detrás del supermercado de capitales chinos y la nueva Terminal que construye esa misma empresa, dueña del predio, advirtió que la orden de alzamiento llegaría para el resto del terreno y así fue.
El lunes, personal policial llegó al predio para notificar a quienes estuvieran en el asentamiento, pero se encontró con que el barrio ya no existe. Informaron a Fiscalía y este martes el personal de la UFI 7 procedía a labrar el acta de constatación y posterior restitución del inmueble a los propietarios.
Cuando se produjo el desalojo en octubre, la policía destruyó las precarias viviendas que estaban en la parcela 728. Muchos de los habitantes mudaron sus cosas hacia la 729, aunque ese mismo días les advirtieron que pronto llegaría la orden de liberar también esa zona.
Este martes, el móvil de Radio Cuarentena recorrió el predio antes de que se produzca el arribo del personal policial y de Fiscalía para labrar el acta de constatación.
En el predio sólo quedan restos y escombros de edificaciones, paredes de barro, palos, algunas lonas, maleza que cubre prácticamente todo y mucha basura que quedó de cuando el lugar estaba ocupado por decenas de familias.
La empresa San Pedro Farm es propietaria de ese predio de 33 hectáreas y radicó la denuncia por usurpación apenas comenzó el asentamiento precario, que llegó a tener más de 100 personas habitando de manera irregular en viviendas de chapa, nylon pero también de material.
En el lugar tampoco existe ya la red de electricidad clandestina que habían colocado para llevar el servicio a las precarias viviendas y que había sido instalada por un grupo señalado como el que no sólo cobraba el suministro ilegal sino también como los que “vendía” cada parcela usurpada.
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