La Justicia dejó sin efecto parte de los honorarios en la causa de los terrenos de avenida España
La Municipalidad interpuso el recurso en el que solicitó la medida, puesto que esos abogados representaron al Estado local en calidad de funcionarios públicos. Excepto Basso, todos habían manifestado que así correspondía ante el Juzgado interviniente. Así, la comuna sólo debe abonar los casi 18 millones del abogado de Raúl Calonge.
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El Juzgado interviniente en la causa por los terrenos de avenida España que la Municipalidad perdió a manos del particular Raúl Calonge, autorizado a escriturar a su nombre el predio que ocupa al pie de barranca, dejó sin efecto la regulación de honorarios para los abogados que participaron del litigio en representación del Estado local.
La Justicia había ordenado abonar casi 18 millones de pesos al abogado de Calonge, el nicoleño Adrián Bengolea, y casi 30 millones más distribuidos entre los exdirectores de Asesoría Letrada municipal Paola Basso, Juan Benseny, José Macchia y Ricardo Uguet, más la fiscala de Estado, María Hiraldo.
Benseny, Macchia, Uguet e Hiraldo, a su turno, manifestaron expresamente ante la Justicia que no correspondía que se les regularan honorarios puesto que habían actuado como funcionarios públicos. La Municipalidad, a través de la actual directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa, pidió que se revoque esa regulación.
"Se han desempeñado como agentes estables y que, en ejercicio de tal calidad, representaron a la Municipalidad de San Pedro, es decir que no actuaron en virtud de mandato, sino desempeñando una función pública", explicó la asesora letrada municipal.
El juez dejó sin efecto los honorarios regulados, puesto que "le asiste razón" a la Municipalidad respecto de los exdirectores de Asesoría Letrada, aunque el fallo dejó una perlita sobre la actuación de la actual responsable de legales del Estado local.
La abogada Viviana Costa interpuso un "recurso de revocatoria con apelación en subsidio" que el juez rechazó por considerarlo no pertinente. "La providencia atacada no es susceptible del recurso intentado", explicó el magistrado, Hernán Víctor Prats, aunque sin perjuicio de ello dejó sin efecto la regulación de honorarios para los abogados que actuaron como funcionarios públicos.
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