Intense Live: quiénes son los involucrados a los que les secuestraron teléfonos y computadoras en San Nicolás

El operativo dispuesto por la Justicia Federal de San Nicolás en las oficinas y los domicilios de los representantes de la empresa Intense Live en esa ciudad generaron preocupación entre los “inversores” y mucha polémica respecto de cómo afectará la situación a todos los referentes de la compañía en diversos puntos del país, entre ellos los de San Pedro, que el sábado hablaron en exclusiva con Sin Galera.

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La investigación del fiscal Matías di Lello y la Procuraduría de delitos económicos y lavado de activos (Procelac) implicó escuchas telefónicas, ciberpatrullaje y otras instancias de recolección de pruebas para llegar al operativo del viernes pasado, con diez allanamientos en oficinas de la empresa y el domicilio de siete personas que aparecen involucradas en el caso.

Los procedimientos tuvieron lugar en las oficinas de Intense Live ubicadas en calle De la Nación al 200; en la vivienda del director de Marketing Lucas Fabián Moyano, en Viamonte al 100; en lo de los asesores de inversiones digitales Sergio Andrés Romero y Alejandra Soledad Cantero, en Segura al 800.

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También en Sarmiento al 800, donde tiene domcilio otro asesor financiero de inversiones identificado como Horacio Andrés Monzón; en la casa de Leandro Martín Cantero Lobos, en Dorrego al 800; en lo de Alberto David García, Gil Medina al 300; y en Lavalle al 500, donde reside Bruno Tomás Mussio.

Todos ellos están involucrados en la causa que investiga una red de captación de ahorros bajo la figura de “inversión”.

“Se trataba de una organización criminal, la que, mediante una plataforma, captaba ahorros de personas para realizar ficticias inversiones en dólares que prometían ganancias de 20 % mensual”, consideró la Policía Federal, que intervino a través de la División de Investigación Antifraude.

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La sospecha es que se trata de una posible estafa de las denominadas “piramidales”, mediante la captación de ahorros públicos por intermedio de una plataforma de inversiones. La Justicia sospecha que no hay tal “inversión” sino que los recursos de los asociados son los que financian la rentabilidad prometida.

La empresa sostiene que invierte en dólares y bitcoins para la adquisición de automóviles de alta gama para ofrecer servicio de transporte ejecutivo tipo Uber de características VIP en ciudades de Brasil, Bolivia y ahora en Colombia, donde el fin de semana, informaron desde la oficina de San Pedro, había una presentación formal de la app Intense Move, que todavía no está en funcionamiento a pesar de que la empresa existe para captar inversores desde hace más de tres años.

En los diez allanamientos, la Policía Federal “identificó a la y los integrantes de la banda y secuestró 23 teléfonos celulares, CPU, tablets, notebooks, discos rígidos, folletería de la empresa involucrada en la estafa y material de interés para la investigación”, informaron desde la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Fréderic.

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Para la Justicia se trata de una captación de ahorros sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Según explicaron los referentes locales, los “inversores” ingresan con un mínimo de 300 dólares para obtener un 20 por ciento de rentabilidad asegurada y un 10 por ciento por cada socio nuevo que presenten.

El dinero que aportan se convierte en bitcoins y en esa misma criptomoneda les pagan las ganancias. Para cobrarlas en billetes, deben comprar moneda de curso legal en casas de cambio autorizadas.

La acusación del fiscal Di Lello sostiene que los representantes de Intense Live captaban ahorristas o presuntos inversores para un negocio del que no se tiene ciencia cierta. No se sabe, sostiene el agente judicial, dónde están los automóviles adquiridos, los choferes contratados y el servicio que aseguran prestar.

En San Pedro, los referentes de Intense Live, los efectivos policiales Jonathan De la Fuente y Maximiliano Bueno, aseguraron que en las oficinas locales “todo sigue igual” y que la investigación judicial obedece a que el Estado quiere “cobrar impuestos” sobre la actividad.