Geriátrico de la vergüenza: el dueño le mandó carta documento al inspector municipal Diego Lafalce
Julián Gómez lo acusó de pronunciar "contenido agraviante" en las notas que el también concejal brindó sobre la situación del geriátrico, que además denunció penalmente en la Justicia. Lafalce le respondió, negó las acusasiones y calificó de "aventura judicial" la acción del médico.
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El médico Julián Gómez, exfuncionario público de la Municipalidad de Baradero y titular del geriátrico San Francisco, ubicado en San Martín al 1800, envió una carta documento al responsable de la inspección de ese tipo de instituciones, el también concejal Diego Lafalce, para exigirle que se retracte de las "agraviantes y falaces acusaciones" en su contra.
Gómez cita las notas que La Opinión & Sin Galera publicaron con declaraciones de Lafalce, las que consideró "calumnias e injurias". El médico aseguró que el edil tuvo intención de dañar su buen nombre y honor con contenido "falso y malicioso" respecto de su accionar como responsable del denominado "geriátrico de la vergüenza".
El titular del establecimiento le exige al responsable de la fiscalización de ese tipo de instituciones que "arbitre todo lo necesario para suprimir y cesar en la distribución o republicación de los contenidos agraviantes".
Lafalce respondió la carta documento por la misma vía y rechazó todos sus términos. Negó "haber emitido acusaciones agraviantes" hacia Gómez o el geriátrico que dirige así como difundir intencionalmente algo que haya dañado el buen nombre y honor del médico.
El responsable de la inspección de geriátricos recordó que en su carácter de funcionario público municipal "y en cumplimiento de expresas instrucciones impartidas por las autoridades" le ha tocado inspeccionar ese y otros geriátricos para elaborar informes elevados a "las autoridades con poder de decisión para la toma de las resoluciones legales que correspondan conforme la situación fiscalizada".
Recordó que radicó una denuncia penal en Fiscalía y que recaen "en la cabeza de la fiscala interviniente y de la Secretaría de Salud" la "responsabilidad sobre los hechos y actos acaecidos en la institución" así como "la integridad de las personas que allí permanecen a pesar de la orden de clausura legalmente dispuesta por el Ministerio de Salud".
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