Fotomultas: vuelven a pedir que revisen la contratación de Cecaitra y que evalúen dar de baja el convenio
El radicalismo presentó un proyecto de resolución que será tratado en sesión. Además, en comisión acordaron pasar a archivo el pedido de informe que hace meses presentó De Rosa.
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El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno evalúe, previa consulta a los organismos de contralor y a la Asesoría General de Gobierno, “la viabilidad de la contratación con la empresa Cecaitra y las posibles irregularidades en su funcionamiento”.
Los ediles radicales propusieron analizar la rescisión contractual del convenio suscripto con la firma. El expediente será tratado sobre tablas en sesión y, como ante cada cosa que se presenta relacionada con el tema, habrá que ver si el oficialismo está dispuesto a acompañar.
En la sesión también será tratado el pedido de informe que elevó el concejal Mauro de Rosa, presentado en abril de este año. Ese expediente, sin embargo, será enviado a archivo porque el edil consideró que sus inquietudes ya fueron respondidas en las reuniones que hubo con funcionarios del gabinete.
Así, una de las grandes tareas que tienen los concejales como representantes de la sociedad quedó vacía de contenido: hicieron un pedido de informe, lo mandaron a comisión y ahora lo archivan porque ya obtuvieron respuestas.
Todo ello sin que la comunidad pueda tener conocimiento de los pormenores, más allá de la tarea periodística de este medio, que publicó notas sobre las reuniones con los miembros del Ejecutivo.
La iniciativa radical también se origina en la adjudicación para la prestación del “Servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial”. Es decir las fotomultas.
La ordenanza fue sancionada en agosto de 2024, pero en los meses posteriores surgieron diversos cuestionamientos a la empresa. El bloque detalló el allanamiento la sede de Cecaitra, en el marco de una “causa por presuntas irregularidades en facturación sin la debida autorización legal”.
También las derivaciones políticas que tuvo el caso, que motivó la renuncia del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por la presunta implicancia de su pareja, la concejal y presidenta del HCD de Pilar, Claudia Pombo, señalada por “el direccionamiento de fotomultas a un grupo de gestores que ofrecían descuentos indebidos cuyos fondos no ingresaban a las arcas públicas”.
Otros argumentos refieren a las actuaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia contra el intendente de Tigre, “por haber concedido el servicio de fotomultas a Cecaitra”.
La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina está liderada por Bernardino García y su hijo Mariano García, quienes se alternan en la presidencia.
Figura como asociación civil sin fines de lucro, Cecaitra no tributa IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, y opera como prestadora de servicios de fotomultas en diversos municipios, incluso sin licitaciones o mediante contratos directos, según advirtió el Tribunal de Cuentas.
“Es una cámara empresarial que actúa de hecho como concesionaria del servicio de fotomultas, operando radares, procesando infracciones y cobrando multas, pero legalmente no lo es”, fundamentaron desde la UCR.
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