Fotomultas: empezaron a colocar los tótems de las cámaras en los accesos a la ciudad
El primero se encuentra en el Camino Crucero General Belgrano, a metros de la escuela Nº 27. Serán distribuidos en las rutas 1001, 191 y 9. Además, seis son ubicadas en esquinas con semáforos en la ciudad, que detectarán uso de celulares y cinturones de seguridad, cascos y velocidad.
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Uno de los tótems que Cecaitra está montando en estos días en los accesos a la ciudad se encuentra en el Camino Crucero General Belgrano, a la altura del puente de metal de acceso a la escuela Nº 27.
Habrá otros que se distribuirán entre la ruta 1001, la ruta 191 y ruta nacional 9. Las demás cámaras se ubicarán en seis esquinas con semáforos, de las cuales tres ya están colocadas para establecer infracciones como uso de casco, celulares, cinturones de seguridad y velocidad.
El allanamiento a Cecaitra, la organización que ganó la licitación del sistema de fotomultas en San Pedro, dejó comentarios en su gran mayoría irreproducibles, pero que evidencian el parecer de los sampedrinos con la contratación de una empresa altamente cuestionada.
Si la finalidad fuera contribuir con la seguridad vial, es razonable. Pero, para ello, habrá deberes que realizar como complementarlo: una correcta señalización, tanto vertical como horizontal, como lo expresa la Ley Nacional de Tránsito.
Además de contar con equipos homologados, una de las bases en la que sustentan sus fallos algunos juzgados, para despejar dudas sobre los fines recaudatorios.
A eso tendrá que ajustarse el Municipio para evitar una catarata de cuestionamientos sobre la legalidad de las fotomultas.
Que la Justicia haya caído sobre Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) no es casualidad, pero sí es muy grave.
La empresa está envuelta en un escándalo de corrupción con “arreglos” de multas, sospechas que recaen también al exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, quien renunció por el tema, jueces provinciales de Faltas que las avalaban, gestores y funcionarios de la misma cartera bonaerense.
Tras la requisa dispuesta días pasados desde un Juzgado de La Plata, que lleva a cabo una de las investigaciones -existen otras causas-, ahora es el gobierno de Axel Kicillof el que debe definir si avanzan con miles de infracciones sancionadas o se anulan.
La investigación judicial se orienta a que las cámaras utilizadas podrían carecer de la debida autorización, y que esto impacta sobre la legalidad de las multas registradas. Algo similar se dio en otros distritos, algunos con fallos judiciales como lo ocurrido en Cañuelas, donde muchas debieron dejarse sin efecto.
En cambio, muchas se cobraron, entraron en la red de la asociación ilícita de varios involucrados, quienes finalmente serían los acreedores de esa recaudación. Esta es la base de la investigación judicial.
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