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    Gobernador Castro: familias con personas con discapacidad siguen esperando por la energía eléctrica

    Vecinos de un predio indiviso denunciaron nuevamente en el programa Sin Galera la falta de suministro eléctrico formal. Advirtieron sobre los riesgos que enfrentan más de 30 familias, entre ellas personas con discapacidad. Hablaron de la falta de respuestas. Y los supuestos beneficios de allegados al delegado municipal.

    05 de febrero de 2026 - 11:30

    En el programa Sin Galera, Danisa Puntano dialogó por segunda vez en el transcurso de un año con Lili Berardi para exponer la crítica situación que atraviesa junto a su hija debido a la falta de un suministro adecuado de energía eléctrica en el lugar donde reside, un predio indiviso ubicado sobre la calle San Nicolás, en Gobernador Castro.

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    Al igual que lo que reportó a principios de 2025 se trata de los mismos terrenos que nunca fueron subdivididos legalmente: todos los ocupantes son copropietarios del predio, pero ninguno posee la titularidad individual de un lote. Esta situación impide que la Cooperativa de Servicios (CoopSer) instale medidores eléctricos, por lo que las familias se encuentran “enganchadas” a la red, con los riesgos que ello implica.

    Danisa relató que desde hace años realiza gestiones ante la Cooperativa, el delegado y distintas áreas del Gobierno Municipal, sin obtener respuestas concretas. “Sigo en la misma situación. No tuve ningún tipo de respuesta ni de la Cooperativa ni del delegado Ernesto Luchesi. Siempre me dicen algo distinto, por ejemplo, que tengo que esperar que Obras Públicas haga la instalación de los postes”, expresó.

    La mujer remarcó que el reclamo no es individual, sino que involucra a varios barrios en la misma condición, y explicó que su exposición pública responde a la situación de salud de su hija. “No es electrodependiente, pero necesita un bipedestador que se enchufa y un aspirador, porque produce moco constantemente y sufre broncoespasmos. Todos los días necesito aspirarla para que no termine con neumonía en el hospital”, señaló.

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    En ese marco, denunció un presunto trato desigual en la provisión de servicios. “A nosotros nos dicen que tenemos que esperar obras de cloaca, agua y luz, pero al hermano del delegado, que supuestamente pagó, le están haciendo una obra enorme, con instalación de cloacas y agua en dos cuadras”, sostuvo, y agregó que por ese sector “pasan caños solo para él”.

    Danisa aseguró que las familias son “legítimas compradoras” del lugar, aunque reconoció que el vendedor —ya fallecido— no realizó la división de los terrenos ni entregó la documentación correspondiente. “Somos más de 30 familias. Tengo un poste a 12 metros de mi casa y no entiendo cuál es la traba. Hoy me pasa luz una vecina y le pago a ella; en otro lote hay un medidor y desde ahí se reparte al resto”, explicó.

    También contó que mantuvo una reunión con el concejal Ariel Rey, quien se acercó a su vivienda para interiorizarse sobre el caso y comenzó a colaborar con las gestiones. “En un fin de semana largo no conseguía la medicación de mi hija y el delegado me dijo que le vaya a pedir a Rey. Después me mandaron una asistencia social”, relató. Respecto a los trámites legales, dijo están siendo llevados adelante por el concejal Joaquín González, que es abogado.

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    Por su parte, una vecina de otro predio, Rocío, confirmó que también realizó reclamos ante la Cooperativa Eléctrica. “Hace cinco años. Nos dijeron que lo único que se puede hacer es que Cecilio Salazar dé la orden para que tengamos luz y agua. Defensa del Consumidor me derivó al presidente de la CoopSer, Iván Groppo, y hasta hoy no tuvimos respuesta”, afirmó.

    Rocío ratificó la denuncia por presuntos privilegios de allegados al delegado y describió la peligrosidad de la situación actual. “Estamos enganchados a la luz. Hace poco se prendió fuego todo el cablerío frente a la calle Mitre. ¿Están esperando que pase algo trágico para darnos una respuesta?”, cuestionó.

    Finalmente, destacó el acompañamiento legal recibido y advirtió sobre un nuevo conflicto: la aparición de una persona que reclama la propiedad del terreno y exige 30 millones de pesos. “Sabemos que el dueño original, Servando Fanego, falleció. A nosotros nos vendió Lidia Benítez, que hace 35 años vive ahí como cuidadora”, concluyó.

     

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