El Municipio tiene que pagar $ 64 millones al abogado del resto de los litigantes de la causa Calonge
El abogado de Calonge cobró 30 millones de pesos y ahora al Gobierno le toca hacer frente a los honorarios de Hugo Lima (h), que representó al resto de los litigantes, quienes también resultaron vencedores en el juicio por desalojo que la Municipalidad perdió para intentar recuperar tierras al pie de barrancas frente al club de Pescadores. Además, hay que pagar 4 millones al martillero. Además de perder la tierra, el Estado local pagará 100 millones de pesos a los profesionales.
/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2025/02/causa_calonge_terrenos_perdidos_avenida_espana.jpeg)
El revés judicial del Municipio de San Pedro en la causa por desalojo contra Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos del Estado al pie de barranca frente al club de Pescadores salió muy caro a los sampedrinos: además de perder los derechos sobre la tierra y pagarle 30 millones de pesos al abogado de Calonge, ahora hay que abonarle 64 millones de pesos al representate legal de los otros litigantes.
El juez interviniente fijó los honorarios para el abogado Hugo Lima (h), que asistió en la causa al concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; a Amelia María Suárez; Natalia Andrea Morán; a Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió en el fuero Civil y Comercial.
"Regulo los honorarios profesionales del Dr. Hugo Enrique Lima (patrocinante) en la suma de pesos sesenta y cuatro millones, sesenta mil novecientos ($ 64.060.900)", dice el fallo del juez Hernán Prats.
Además, la Municipalidad, como actora derrotada en el litigio, deberá abonar 4.313.865 pesos al martillero designado para intervenir en el caso y tasar los inmuebles objeto del juicio, Daniel Benjamín Menéndez.
Así, además de perder la tierra, en total a los sampedrinos el juicio en el que el Municipio resultó vencido implica casi 100 millones de pesos en honorarios de los profesionales intervinientes, puesto que las costas corren por cuenta de la parte derrotada.
El litigio comenzó en 2004, cuando Raúl Calonge pidió el reconocimiento de su derecho de usucapión. La Municipalidad lo rechazó y comenzó un juicio por desalojo contra él y el resto de los ocupantes ubicados entre la ahora sede de Agrupación Mallorca y el ex Tiro Federal.
La Justicia consideró que la pretensión restitutiva del Estado local no corresponde y falló contra el desalojo.
Además, Calonge ganó un juicio por usucapión para escriturar a su nombre, lo que abrió la puerta para que el resto de los litigantes haga lo mismo.
Uno de los puntos fundamentales para la derrota del Municipio es la consideración de esa tierra como un bien de "dominio privado del Estado".
Aunque los sucesivos asesores letrados oficiales desde el principio plantearon que esos eran terrenos aluvionales de "dominio público", inalienables e imprescriptibles. cuando en 2017 el Gobierno de Cecilio Salazar inscribió toda esa zona a nombre de la Municipalidad lo hizo como "dominio privado".
Así, como los ocupantes pudieron acreditar "seria y real posesión", la Justicia no hizo lugar al pedido de restitución vía desalojo y falló contra los intereses de los sampedrinos, que perdieron la tierra y son obligados a pagar las costas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión