El Municipio fue a la Justicia contra Milei por las obras en La Tosquera
Solicitó sumarse al amparo colectivo por la paralización de obras del FISU, entre las que están las de esa localidad, de las que el Municipio recuperó el anticipo financiero. Rige una medida cautelar que impidió al Gobierno nacional liquidar el patrimonio de ese fondo.
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El Gobierno de la Municipalidad de San Pedro fue a la Justicia para pedir que se tenga en cuenta al Estado local como parte del amparo colectivo que tramita por la suspensión de obras vinculadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a nivel local las de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.
El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta, en representación del intendente Cecilio Salazar, elevó la solicitud de adhesión del Municipio a la causa que inició por intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
La Municipalidad de San Pedro pidió ser tenida como parte actora "por existir en nuestra localidad una cantidad importante de habitantes de barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (Renabap).
El barrio más afectado por las medidas del presidente Javier Milei en relación a la disminución de recursos para el FISU es La Tosquera, que tenía obras en marcha cuyo avance apenas alcanzó el 9,3 por ciento.
Las obras fueron paralizadas, tanto las que administraba directamente Nación como las que pasaban por la Municipalidad, que logró recuperar el seguro de caución por parte de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tenía a su cargo las tareas.
Apenas asumió, en febrero de 2024, Milei estableció vía decreto la reducción de la afectación específica de impuestos que iba al FISU. Ello provocó la suspensión de miles de obras a lo largo y ancho del país. Además, Nación propuso en sus presupuestos la eliminación definitiva de ese fondo.
El Municipio pidió la declaración de inconstitucionalidad del decreto que modificó la asignación de recursos y eliminó el financiamiento del fideicomiso, al considerar que "resulta violatorio de derechos con raigambre constitucional".
Además, pidió adherir a la medida cautelar que ordenó al Gobierno de Milei a instar los medios necesarios para la continuidad de la política pública de integración de los barrios populares registrados en Renabap.
El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una cautelar que suspende la liquidación total del patrimonio del FISU y exigió un informe del saldo existente en relación a ese fondo.
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