El Municipio denunció en Fiscalía la demolición de la estación del Ferrocarril Depietri
El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, radicó la denuncia por "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad". Desde el punto de vista administrativo, todavía no hay actuaciones que hayan llegado al Juzgado de Faltas.
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El Gobierno municipal denunció ante la Justicia la demolición de la estación Depietri del paraje La Rosada, en el kilómetro 22 de la ruta 191, un hecho que reveló La Opinión a fines de marzo, edificio protegido por la ordenanza de conservación del patrimonio histórico local.
El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, radicó la denuncia como apoderado del Municipio por "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".
Además, planteó que la demolición registrada implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, aunque en el Juzgado de Faltas no hay registro de actuación alguna por parte del personal de Inspección de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Mariano Brañas.
La denuncia recayó en la Fiscalía N° 7 y el escrito fue acompañado de las publicaciones de La Opinión, imágenes de video que este medio registró y copias de la legislación vigente, tanto a nivel local como provincial, que protegen el patrimonio histórico.
El Gobierno pidió a la Justicia que ordene una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno, medidas para las que, después de todo, tiene poder administrativo.
Además, piden que "se inicie procedimiento sancionatorio" en relación a la ley provincial y "se evalúe la posibilidad de ordenar la reconstrucción del inmueble demolido o medias compensatorias equivalentes".
Para la aplicación de la ley provincial, el edificio debería estar incluido en el registro, tal como sucede, por ejemplo, con la escuela Normal, que forma parte del patrimonio cultural protegido en territorio bonaerense.
El Municipio tiene como herramienta de aplicación la ordenanza local, aunque, como se dijo, no hubo constatación in situ de la demolición ni acta alguna que haya sido elevada al Juzgado de Faltas para que pueda aplicar la multa correspondiente.
En materia de sanciones, la ley provincial establece una multa de entre 10 y 50 sueldos mínimos. La Impositiva local, por su parte, indica un 2500 por ciento sobre los derechos de construcción para demoliciones no autorizadas.
En Obras Públicas no hubo solicitud alguna, que por otra parte no podría haber tenido curso porque el edificio está protegido tras incluir todas las construcciones relacionadas con Eduardo Depietri y el Ferrocarril que llevaba su nombre.
"Una demolición es una obra de construcción, un trabajo profesional. Nadie podría hacer una demolición sin intervención profesional, sería a todas luces una obra clandestina e ilegal", explicó a La Opinión el arquitecto Santiago Barceló, exdirector de Planeamiento y representante local del Colegio de profesionales de la Arquitectura.
"El plano de demolición se tiene que presentar antes. Si no se presenta, corresponde la multa. Con la demolición hecha, es decir con el hecho consumado, el Municipio tiene la potestad de aplicar las sanciones correspondientes", agregó.
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