Demolición de la estación del Ferrocarril Depietri: notificaron a una empresa rosarina como responsable
Tras la denuncia penal, Obras Públicas fue a inspeccionar y envió el acta al Juzgado de Faltas. El Código de Faltas es benévolo para quienes lo transgreden. La multa será de entre 180 mil y 1,8 millones de pesos, lejos de reparar el daño causado.
/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2025/04/estacion_depietri_km_22.jpg)
Luego de que la Subsecretaría Legal y Técnica radicara la denuncia penal por la demolición de la estación del Ferrocarril Depietri en el paraje La Rosada, Obras Públicas se acordó de ir a constatar para labrar las actuaciones administrativas correspondientes.
La demolición fue revelada por La Opinión el 23 de marzo y ocurrió semanas antes. El 14 de abril, Daniel Porta radicó la denuncia en nombre del Municipio. La semana pasada, al fin, el área que conduce el arquitecto Mariano Brañas relevó lo ocurrido y envió el acta al Juzgado de Faltas.
Una empresa rosarina sería la responsable de la demolición de la antigua estación del Ferrocarril Depietri, de acuerdo a lo que figura en los registros municipales.
A esa empresa el Juzgado de Faltas envió la notificación sobre la infracción cometida, que implicará sanciones en dinero, puesto que así lo establece la normativa vigente.
Mientras se sustancia la causa penal, la administrativa pasa por lo que reza el Código de Faltas Municipal (Ordenanza Nº 3.883), cuyas sanciones en términos monetarios son leves en comparación al daño que se hizo sobre un patrimonio histórico y cultural de los sampedrinos.
La infracción cometida es no haber pedido permiso formal para la ejecución de la obra de demolición, algo que tampoco hubiese podido ser autorizado porque ese edificio es un bien patrimonial histórico, protegido por ordenanza.
En 2022, todos los edificios relacionados con el legado de Eduardo Depietri fueron incluidos en el Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro.
El Código de Faltas establece, en el artículo 905, que “la iniciación, realización y/o demoliciones o desmantelamientos de obras, construcciones y/o instalaciones, sin el previo permiso, autorización y/o comunicación que establezcan las normas vigentes, será sancionado con multas del 50 al 500 % del salario mínimo de un empleado municipal”.
Esto implicaría la módica suma de entre 183 mil pesos y 1,8 millones de pesos, sin importar la gravedad del daño y teniendo en cuenta que el salario mínimo fue fijado en $ 367,754.91, según el Presupuesto vigente.
La causa penal que tramita en Fiscalía Nº 7 fue radicada ante "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".
El subsecretario Daniel Porta también dejó consignado que implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, oficio que fue acompañado de las publicaciones de La Opinión e imágenes de video que este medio registró.
En la presentación judicial, Porta requirió a la Justicia que ordene “una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida, y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno", todas potestades de Obras Públicas, por cierto.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión