Daniel Porta asume en la Subsecretaría Legal y Técnica del gabinete de Cecilio
El abogado vuelve al cargo que tuvo durante la era Guacone. En coincidencia con lo que ocurrió con Paola Basso, llega al Gobierno tras su rol como asesor letrado de Cicop, el gremio de los médicos.
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El Gobierno de Cecilio Salazar decidió sumar a otro exintegrante de la era Guacone: Daniel "Canito" Porta asume en la Subsecretaría Legal y Técnica.
El abogado vuelve al cargo que tuvo durante su segunda participación en el gabinete del exintendente Pablo Guacone —primero fue director de Asesoría Letrada— para conducir el área de legales.
Porta fue el primer subsecretario de Legal y Técnica y Recursos Humanos, un cargo que se mantuvo en el organigrama y que ocupó durante los primeros mandatos de Salazar la concejala radical Paola Basso.
Al igual que Basso, Porta llega al gabinete de Cecilio tras ser asesor letrado del sindicato de los médicos, Cicop, con el que el Gobierno mantuvo un conflicto durante este año por el pago de una importante deuda relacionada con los aumentos otorgados por Provincia.
Daniel Porta conducirá el área de Legales, que depende de la Secretaría de Gobierno que conduce Martín Baraybar, y será superior de la directora Viviana Costa, que había ingresado al Gobierno como secretaria pero para el tercer mandato la desjerarquizaron.
La Dirección de Personal, a cargo de la empleada de carrera Sofía Fucci, depende ahora de la Jefatura de Gabinete de Alfredo Carrasco, por lo que todo indica que Porta no tendría injerencia allí.
El área de Legales tiene una serie de conflictos relevantes que atender, entre ellos el de las 84 viviendas, con un litigio con Arcor que tiene vigente una medida cautelar que el Gobierno no cumplió tal como estableció la jueza en lo Contencioso Administrativo, Isabel Fulgheri.
Además, hay litigios en el Contencioso que están paralizados, como el de Ashira por una deuda, el de la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales por la ordenanza de pirotecnia cero o el de la exconcesionaria del camping de Vuelta de Obligado.
También hay causas iniciadas por empresas nacionales y multinacionales que buscan evitar el pago del derecho de publicidad y propaganda por los carteles de su marca que están exhibidos en territorio sampedrino.
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