Confirman procesamiento y embargo a los Solmi en la causa de "la banda de los grafitis"
Están imputados por corrupción, lavado de activos y evasión, acusados de crear empresas "fantasma" para direccionar licitaciones en el Gobierno porteño.
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La Cámara Federal confirmó el procesamiento y trabó embargos a los imputados en la causa que tiene a integrantes de la familia Solmi y a sus contadores como acusados en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que comenzó con una denuncia de la entonces AFIP.
Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi, y los contadores Pablo Geoeghegan y Rodolfo Solimano están involucrados junto a otras seis personas con domicilio en Buenos Aires en el marco de lo que denominan "la banda de los grafitis".
La Cámara Federal confirmó el procesamiento por corrupción, lavado de activos y evasión fiscal en el marco de una investigación que procura establecer responsabilidades en la presunta conformación de empresas "fantasma" para direccionar licitaciones del Gobierno porteño.
Los hechos investigados ocurrieron durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
La causa investiga a las empresas Citepa SA y Varbeg SA, beneficiadas en licitaciones y adjudicaciones directas con presuntos sobreprecios y creadas especialmente para ser contratadas para los servicios de limpieza antigraffiti que los Solmi no sólo efectivamente brindaron sino que hasta difundieron con orgullo a nivel nacional y local.
Los organismos de control detectaron sobreprecios que van del 150 al 570 por ciento respecto de los valores de mercado, al tiempo que constataron el depósito de fondos en la empresa Servente y Cía SA, en una cuenta comitente a nombre de Jorge Palacio, Víctor Enrique Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Víctor Manuel Solmi y María Nerea Solmi.
En la denuncia inicial, AFIP detectó la presencia de testaferros: la empresa Citepa SA, contratada para limpiar grafitis, tenía como presidente a Jorge Palacio, que vive en Florencio Varela, pero que había declarado ante AFIP un domicilio en San Pedro.
Ese domicilio que declaró Palacio era nada menos que la casa particular de Sergio Solmi.
En las órdenes de compra secuestradas en las oficinas de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) hallaron el nombre de Víctor Solmi y su casilla de e-mail personal como contacto.
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El juez Sebastián Casanello, en cuya órbita tramita la causa, destacó en el escrito en el que dispuso el procesamiento de los imputados que los Solmi nunca figuraron formalmente en los actos societarios de la empresa Citepa ni en los registros de AFIP ni en las cuentas bancarias de esa compañía, pero se presentaron como "apoderados" para "inyectar los fondos y operar en la cuenta comitente que abrieron en la sociedad de bolsa".
La empresa Citepa tenía todos los condimentos para ser considerada "fantasma": no declaraba domicilio ni bienes y sólo contaba con tres empleados que fueron dados de alta ante el riesgo de inspecciones.
Así lo revela un intercambio de mails cuyo detalle publicó el diario La Nación. "Pablito, esta noche quizás 'aparezcan' y la idea es que estén estos 3 de alta. Si podés, mandámelas esta tarde y las envío, así las tienen para esta noche, x las dudas. Gracias", escribió Víctor Solmi al contador.
En los chats analizados aparecen conversaciones asiduas entre los Solmi y funcionarios del Gobierno porteño para las contrataciones, prestaciones de servicios y otras modalidades.
Tras la decisión de Casanello de procesar a todos los involucrados, los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano difundieron un comunicado en el que informaron que habían solicitado el sobreseimiento en la causa y negaaron cualquier participación en el caso.
En diálogo con La Opinión, Geoghegan señaló que la situación le producía "mucho dolor e incomodidad" y aseguró: "Sólo hicimos nuestro trabajo como estudio contable".
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