Amenazas de bomba: qué dijo la Jefa Distrital de Educación tras la investigación de la Justicia Federal
Escuelas, jardines, bancos, municipio, hospital, bomberos y más de 13 alumnos fueron afectados durante tres días por las advertencias de colocación de explosivos en San Pedro.
El operativo que el viernes por la madrugada terminó con el secuestro de equipamiento y datos sobre el cruce de mails que contenían amenazas de bomba en distintos puntos del partico de San Pedro, puso una pausa para tratar de determinar cuál será la pena que se imponga a quien desde un principio cometió el delito de “alterar el orden público”. Ese es el mínimo de la calificación que implica la acción de poner en riesgo el normal funcionamiento y organización de las personas.
Desde el lunes y hasta el jueves a la madrugada, Lorena López, la Jefa Distrital de Educación estuvo a cargo de comunicar a cada establecimiento escolar la decisión de evacuación que impone el protocolo de protección de la seguridad de la comunidad educativa.
El sábado, en una nota que concedió al programa Sin Galera, analizó junto a Lilí Berardi distintas alternativas y detalló de qué modo se aborda a los alumnos y docentes tras este tipo de situaciones traumáticas.
El comunicado oficial sobre la actividad de la Justicia Federal fue dado a conocer el pasado viernes y dice:
…"el fiscal Matías Di Lello, a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad llevó adelante esta madrugada dos allanamientos en el marco de la causa donde se investiga el origen de las amenazas de bomba que se hicieron a escuelas y bancos de San Pedro durante esta semana.
Investigan lo sucedido “en distintos inmuebles (colegios, bancos y hasta la Municipalidad de San Pedro) se recibieron correos electrónicos anónimos donde se decía que se habían colocado artefactos explosivos dentro de ellos o en las inmediaciones. Esto llevó a la activación de protocolos de evacuación, revisión de edificios con personal policial anti-explosivos e incluso a la suspensión de clases”, detalla la gacetilla.
“Los diversos textos amenazantes -junto con un mensaje enviado desde una cuenta de Instagram- fueron anexados a la causa y se solicitó a distintas empresas que remitieran información sobre las casillas involucradas. En este marco, la fiscalía contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolín, que remitió un informe al respecto”.
Una vez que el fiscal Di Lello tuvo en sus manos esos informes solicitó los allanamientos “realizados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que secuestró distintos elementos electrónicos que serán analizados por tener presuntamente vinculación con la pesquisa”.
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