Allanaron a la contadora denunciada por el Puerto por una causa similar: defraudación a una empresa

Personal de la DDI de Pilar trabajó este lunes en San Pedro para allanar un domicilio particular y la sede de una empresa en el marco de una causa que investiga una estafa en la que está involucrada la excontadora del Puerto.

Los efectivos allanaron en Independencia al 800 la casa de María José Pucurull, investigada por maniobras defraudatorias en una empresa de Pilar donde trabajó luego de que la despidieran del Consorcio de Gestión del Puerto tras ser denunciada por maniobras defraudatorias contra ese organismo público.

Además, la DDI estuvo antes es una empresa distribuidora de bebidas —cuyo vínculo con el expediente no fue explicitado— en un procedimiento relacionado con la misma causa, según los propios efectivos informaron a autoridades locales que se presentaron para constatar la veracidad del operativo.

Desde la empresa no estaban al tanto de la posibilidad de un procedimiento de esas características, por lo que convocaron a la DDI local para que verificara, ante el riesgo de que estuvieran ante un operativo apócrifo, como sucedió el año pasado en una financiera del centro.

Una vez que quedó constatado que todo estaba en carriles normales, los efectivos de la DDI Pilar continuaron con las tareas que les había ordenado un juzgado del Departamento Judicial de San Isidro, donde tramita la causa, que investiga defraudación por administración fraudulenta.

Una empresa de Pilar es la denunciante. En la causa obra que Pucurull habría practicado maniobras defraudatorias consistentes en el presunto desvío de unos 185 mil dólares de cuentas de esa compañía que la investigada habría tenido a su cargo.

La acusación es similar a la que las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto local hicieron contra la contadora en 2022, cuando denunciaron en la Justicia el presunto desvío de dinero de las cuentas del organismo a cuentas personales.

Esa denuncia está sustentada en una auditoría practicada por las contadoras Eva Díaz y Mariela Brambilla, que detectaron irregularidades en los movimientos bancarios del consorcio.

Pucurull fue acusada de registrar montos apócrifos en servicios adicionales de Prefectura, desviar esos fondos hacia sus cuentas personales y adulterar los extractos bancarios durante, al menos, 2021 y 2022, por lo que fue despedida.

De la misma manera, la empresa de Pilar prescindió de sus servicios tras detectar una maniobra delictiva similar y decidió radicar la denuncia penal en la Justicia de su jurisdicción.