84 viviendas: el Gobierno debe responder el reclamo de restitución del terreno que interpuso Arcor
Así lo estableció la jueza Fulghieri, que corrió traslado al Municipio, tras solicitud de los abogados de la empresa, que habían ampliado la demanda a fines del año pasado, cuando pidió que se revoque la donación, se desaloje el inmueble y se le restituyan los terrenos.
/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2024/07/84_viviendas_litigio_con_arcor.jpg)
El Gobierno municipal deberá, a través de la Dirección de Asesoría Letrada, responder la ampliación de demanda que hizo la empresa Arcor en el marco del litigio por los terrenos donde se construyeron las 84 viviendas de Villa Depietri, hoy ocupadas por las familias preadjudicatarias por iniciativa de la propia Comuna.
Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, quien corrió traslado de la demanda al intendente municipal Cecilio Salazar para que dentro de un plazo de 45 días —desde el 24 de junio— conteste la acción interpuesta por la empresa.
Tras obtener la medida cautelar que declaró nulo el sorteo, Arcor se presentó para reclamar al Gobierno que cumpla con el cargo de la ordenanza que dice que esos terrenos fueron donados para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto que ocupan terrenos propiedad de la empresa, que el Municipio asegura ya cumplió.
Además, Arcor pide que en caso de que la Municipalidad no pueda cumplir con el cargo, "se ordene la revocación de la donación" y se le restituyan los terrenos, desalojo mediante, o bien se le pague por el predio a su valor de mercado.
Las 84 viviendas —no todas, por cierto— están ocupadas por las familias que resultaron preadjudicatarias en el sorteo del 24 de febrero del año pasado que tuvo lugar en el club Independencia. Ingresaron a las unidades habitacionales el 13 de febrero, tras una reunión con funcionarios municipales.
Aunque el fallo indicaba que no podía seguir los pasos administrativos derivados del sorteo, el Gobierno hizo caso omiso y no sólo avanzó sino que además le entregó a cada uno de los preadjudicatarios una llave —en muchos casos simbólica, porque no abría la puerta pero se podía entrar por las aberturas sin ventanas— y los impulsó a ocuparlas para evitar usurpaciones.
Tras ello, la empresa se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión